La publicación de los resultados de la primera prueba selectiva para la provisión mediante oposición libre de una plaza de subalterno en el ayuntamiento lucense de Castroverde, ha levantado una polvareda en la que no sólo han entrado los partidos de la oposición, sino también un grupo de opositores que aprecia indicios de irregularidades en el proceso. El primero en denunciarlo públicamente fue el PP local al conocer la admisión en las pruebas de una edil del PSOE quien, tras realizar el primer ejercicio, obtuvo la máxima puntuación posible, un 10.
El alcalde del municipio, el socialista Xosé María Arias, rechaza la existencia de irregularidades en el desarrollo de las pruebas y defiende el derecho de su compañera de corporación a presentarse a la plaza. Pilar Ferreiro Villar es la responsable en el Gobierno local del área de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, una concejalía para la que le ha sido asignada una dedicación exclusiva.
La portavoz del PP de Castroverde, María Gómez Pallín, reconoce el derecho de la concejal a presentarse, aunque precisa que de resultar elegida, “se pondría en cuestión la transparencia del proceso de selección” efectuado por el tribunal. Antes de celebrarse el primer ejercicio, desde el PP le pedían a la edil que renunciase a participar en el concurso “para evitar suspicacias que hagan pensar que intenta aprovechar su situación para resolver su futuro laboral”. “No es ético ni el mejor ejemplo que debe dar un político”, añadía la portavoz popular.
Desde el grupo municipal del PP consideran que el resto de los 81 aspirantes admitidos en el concurso “podrían sentirse agraviados al considerar que se vulneran sus derechos o que se merman sus legítimas aspiraciones de cara a conseguir la plaza”. Tras las anomalías registradas en el primer ejercicio, un examen tipo test compuesto por 40 preguntas sobre el temario aprobado en las bases, el PP ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario, así como la anulación del proceso selectivo.
Gómez Pallín considera que el regidor “es un cacique que no entiende de principios democráticos y carece de principios éticos”. Sostiene que, de seguir adelante con las pruebas, “quedarán bajo sospecha” los próximos procesos que inicie el Gobierno local. Los populares estudian llevar “la política clientelar” del alcalde a los tribunales y no dudan en afirmar que la gran baza de Xosé María Arias reside “en mantenerse en el poder ofreciendo plazas a cambio de votos”.
A estas críticas se sumaron también los nacionalistas de Castroverde. El portavoz del BNG Pablo Ferreiro explica que presentaron una iniciativa al próximo pleno del Ayuntamiento para que el alcalde aclare las sospechas de los opositores sobre presuntas irregularidades en el procedimiento. Recuerdan quefaltaron varios miembros del tribunal y que tampoco se presentó la secretario del Gobierno local ni su suplente, al que sustituyó una persona cuyo nombramiento no les fue notificado. “Queremos que el alcalde se pronuncie sobre los rumores que indican que la plaza estaba dada”, subraya Ferreiro.
Impotencia e indignación
Los últimos en trasladar sus protestas han sido un grupo de opositores que han hecho pública su “impotencia e indignación” por el modo en que se ha desarrollado la primera prueba, celebrada el pasado 26 de noviembre. Los responsables del escrito piden que se preserve su identidad por miedo a las represalias y por tratarse de un proceso que todavía no ha finalizado, aunque detallan pormenorizadamente las “peculiaridades” que detectaron desde el inicio y, en concreto, en la celebración de la primera de las pruebas.
Los opositores ponen el acento de sus críticas en la composición del tribunal, que consideran afín al partido que gobierna el municipio, así como en la puntuación obtenida por la edil, la más alta de las posibles, seguida por calificaciones un punto y medio inferiores. Piden que la concejal abandone y que la plaza “se dirima en un proceso justo, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad entre todos los opositores”.
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 14 de octubre de 2011 publica la relación de miembros del tribunal, compuesto en su mayoría por funcionarios de la Diputación de Lugo, entre los que figuran el jefe del servicio de vías y obras, José Antonio Mondelo -quien asume el puesto de presidente-, cuatro vocales de la institución provincial, la secretaria del Ayuntamiento de Castroverde y una asesora, un técnico del Inludes (Instituto Lucense de Desarrollo Economico y Social), que anteriormente había prestado sus servicios para el Gobierno de la localidad.
Los denunciantes insinúan la vinculación de los miembros del tribunal con el PSOE y afirman que la amistad del presidente con el alcalde “es pública” y conocida.
El alcalde dice desconocer la nota de su compañera
Entre las quejas que formulan, los opositores aseguran que el presidente del tribunal celebró la prueba pese a la baja de varios de sus miembros, de dos vocales, de la secretaria titular y de su suplente. También ponen en duda los conocimientos de los miembros designados para la corrección del segundo examen, basado en un supuesto práctico sobre las funciones específicas de la plaza de subalterno. Rechazan además que el tribunal haya introducido en el mismo sobre los exámenes anónimos y las tarjetas con los nombres de los aspirantes al puesto público.
El regidor del municipio lucense, José María Arias, quien también ejerce como diputado responsable de ganadería en la Diputación,aseguró a ELMUNDO.es desconocer la puntuación que obtuvo la edil de su gobierno, una información hecha pública el pasado lunes. Arias censura las críticas vertidas por la oposición y los opositores defendiendo el proceso y animando a aquellos que detecten deficiencias a que lo denuncien o lo recurran por los cauces oficiales.
En relación con la composición del Tribunal, recordó suobligación de solicitar la formación al organismo provincialy afirmó que desconoce el partido al que votan sus miembros ni sus preferencias políticas. La celebración de la siguiente prueba está convocada para el próximo día 19 de diciembre en el polideportivo municipal, aunque los aspirantes disponen de un plazo de un mes para interponer los recursos que estimen oportunos.